Agenda Setting 303
Florentino Peralta
05-16-2024
En la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) trafican con los llamados “acuerdos presidenciales”, uno de tantos beneficios con que cuentan las y los docentes para ausentarse laboralmente, sin perder sueldo ni prestaciones.
Originalmente, este recurso fue ideado para quienes por enfermedad y tras agotar dos periodos de licencia, puedan disponer de seis meses para atender alguna dolencia, sin presentarse a su centro de trabajo, manteniendo sus ingresos.
De hecho, existe la posibilidad de renovarlo por otros seis meses, para completar así un año sin trabajar, bajo el supuesto de atender algún padecimiento que significativamente disminuye su capacidad, pero ahora se ha corrompido.
Según personal del sistema educativo de Hidalgo, existe una red de corrupción entre funcionarios de la SEPH y médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para vender “acuerdos”.
El camino para obtener un “acuerdo presidencial” es primeramente obtener dos licencias médicas, cada una por 30 días, trámite que cuesta aproximadamente 5 mil 600 pesos, que se reparten entre gente de la SEPH y los galenos.
Una vez con el resumen médico, valga la redundancia, se tramita ante Medicina Legal lo conducente para obtener el oficio que conduzca hacia la autorización del “acuerdo presidencial”, que tiene un costo cercano a los 22 mil pesos.
Cabe aclarar que, el cobro y pago de ambas cantidades es ilegal y que quienes recurren a esta práctica son personas con plaza docente, frente al aula o en labores de oficina, que simulan enfermedad para no presentarse a trabajar.
Para la renovación del segundo semestre, si fuera el caso, el trámite se retoma en la segunda fase, con el resumen clínico que se ingresa a Medicina Legal y se entregan nuevamente 22 mil pesos, que son repartidos entre las partes.
LOS INVOLUCRADOS
En este entramado de corrupción es mencionada Brisa Fabiola García Cabrera, vinculada con el director general de recursos Humanos del la SEPH, Adolfo Ozumbilla, señalado también de pertenecer a estos cochupos, pues su firma es determinante para obtener el “acuerdo presidencial”. Según el comentario generalizado, la funcionaria recibe las cantidades de dinero antes mencionadas y las dispersa, con su consecuente ganancia, lo que explicaría la posesión de una cabaña en la montaña hidalguense, sin que incomprensiblemente se entere el secretario de Educación, Natividad Castrejón, "distraído" en batallas políticas.
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