Entre la norma y la justicia
Alfonso Verduzco
(03-03-2025)
El gobierno de México entrega sin juicio a 29 criminales
El 27 de febrero de 2025, en un operativo discreto, pero de alto impacto, México entregó a Estados Unidos a 29 criminales de alta peligrosidad, entre ellos figuras emblemáticas del narcotráfico como Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Treviño Morales y Óscar Omar Treviño Morales, ambos exlíderes del Cártel de Los Zetas. A diferencia de otros casos de extradición, donde los detenidos tienen derecho a defenderse en tribunales mexicanos, esta vez el procedimiento no pasó por los jueces. La decisión se tomó en una sesión del Gabinete de Seguridad Nacional, con una justificación política más que jurídica: evitar las represalias comerciales de Estados Unidos.
Desde finales de 2024, la administración del presidente Donald Trump había ejercido una intensa presión sobre México para acelerar la entrega de líderes criminales y fortalecer el combate al tráfico de fentanilo. Entre las amenazas más inmediatas estaba la imposición de un arancel del 25% a las exportaciones mexicanas, lo que habría causado un fuerte golpe económico. Ante este escenario, el gobierno mexicano optó por una medida extraordinaria: deshacerse de los criminales sin pasar por un proceso judicial formal.
El argumento del fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, fue claro: las extradiciones estaban siendo bloqueadas o retrasadas por jueces mexicanos, lo que ponía en riesgo la permanencia de los criminales en prisión. Para evitar cualquier posibilidad de que fueran liberados por tecnicismos legales, el gobierno recurrió a una vía alterna: la expulsión inmediata bajo razones de seguridad nacional.
Esta decisión ha generado múltiples interrogantes:
¿Era legalmente viable este procedimiento?
¿Eludir el proceso de extradición abre la puerta a futuras deportaciones sin juicio?
¿Podría Estados Unidos aplicar la pena de muerte a los extraditados, al no existir garantías en el procedimiento?
¿Cómo debió haber sido el proceso?
El Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, firmado en 1978, establece que para que una persona sea entregada, debe existir un procedimiento judicial en el que:
El país solicitante (EE.UU.) presente pruebas suficientes del delito.
Un juez mexicano revise el caso y determine si la extradición es procedente.
El individuo tenga oportunidad de defenderse y agotar recursos legales.
El gobierno mexicano emita la autorización final.
En este caso, ninguno de estos pasos se cumplió. En lugar de un juez, la decisión se tomó en el gabinete de seguridad y se ejecutó sin aviso previo. Esto significa que, técnicamente, Caro Quintero y los otros 28 criminales no fueron extraditados, sino expulsados.
Este vacío legal es preocupante por varias razones:
Se vulneraron derechos procesales, incluso de criminales de alto perfil.
Se generó un precedente peligroso: ¿Podría el gobierno expulsar a cualquier persona que considere incómoda sin juicio?
La pena de muerte entra en discusión. México tiene prohibida la extradición de criminales cuando existe la posibilidad de que sean condenados a muerte en EE.UU., salvo que el gobierno estadounidense garantice que no se aplicará. Al no ser extraditados, sino expulsados, no hay certeza de que EE.UU. respete este principio.
El propio Gertz Manero admitió públicamente que la medida se tomó para evitar los obstáculos judiciales que presentaban algunos jueces en México. Es decir, el gobierno pasó por alto la legalidad del procedimiento con el argumento de que la causa lo justificaba.
Esto abre la pregunta: ¿es justicia o simplemente pragmatismo político?
El simbolismo de las esposas de Kiki Camarena
Si el proceso de entrega de Caro Quintero a EE.UU. estuvo lleno de vacíos legales, el evento fue cuidadosamente diseñado para enviar un mensaje. En el momento en que agentes de la DEA tomaron la custodia del capo mexicano, sus manos fueron sujetadas con las mismas esposas que alguna vez usó el agente Enrique “Kiki” Camarena durante su lucha contra el narcotráfico en los años 80.
La historia detrás de estas esposas es casi cinematográfica: su hijo, Enrique Camarena Jr., ahora juez en California, las había conservado como un símbolo de la lucha de su padre. Cuando se confirmó la captura de Caro Quintero, las entregó a la DEA con una petición clara: que fueran usadas para detener al hombre acusado de ordenar el asesinato de su padre. Este acto tuvo un peso simbólico enorme. Representó una especie de justicia tardía, un recordatorio de que, aunque pasen décadas, Estados Unidos no olvida ni perdona.
Camarena Jr., en un discurso al respecto, afirmó:
"Este no es un acto de venganza, sino de justicia. Quisimos cerrar el ciclo con el mismo símbolo con el que empezó la lucha de mi padre. Él creyó en la ley y en la justicia. Esto es un mensaje de que los crímenes contra nuestros agentes no quedan impunes."
X @AlfonsoVerduzco
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